Traspié de salario mínimo: llega a comisión mixta y gobierno evalúa veto
Diputados rechazaron, por 69 votos a favor los cambios realizados al texto legal en el Senado.
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Complejo escenario para el gobierno. Con 69 votos a favor y 67 votos en contra, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó los cambios realizados al texto legal durante el segundo trámite en el Senado.
De esta forma, la iniciativa se traslada definitivamente a una comisión mixta en donde de zanjará su futuro. Como la próxima semana es distrital, el debate se retomaría la primera semana de septiembre.
El miércoles pasado los senadores rechazaron únicamente la plurianualidad de la iniciativa (de tres años), pero los guarismos de las propuesta que plantea subir el salario mínimo a $ 286.000 desde el 1 de agosto (hoy en $ 276.000), y posteriormente a $ 300.000 desde el 1 de marzo de 2019, sí fue aprobado.
Tras la votación de la Cámara, el ministro Larraín recalcó que “es un buen proyecto de reajuste y estamos jugados por el acuerdo (...) nosotros insistiremos porque queremos conseguir un acuerdo”, dijo.
Una opinión similar entregó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien agregó que “los reajustes son fruto del acuerdo, y nosotros vamos a defender ese acuerdo, porque lo originalmente despachado por la Cámara fue mejor”.
Por ahora, se conoce que los diputados que conformarán la comisión mixta serán: Pablo Lorenzini, Patricio Melero, Gastón Saavedra, Giorgio Jackson y Alejandro Santana. Desde el Senado, se espera que la integren los parlamentarios que conforman la comisión de Hacienda.
¿Veto presidencial?
En este contexto, cercanos al gobierno han señalado que una opción que el Ejecutivo estaría barajando es ingresar un veto. Sin embargo, todo depende de qué es lo que decida la comisión mixta.
Dicho mecanismo es una facultad exclusiva del Presidente de la República para rechazar total o parcialmente un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, y puede ser de carácter supresivo, aditivo, o sustitutivo del proyecto.
Para el diputado Lorenzini, optar por esta alternativa “sería cerrar las puertas a toda posibilidad de diálogo con los parlamentarios”.